Blanca Lozano Cutanda

ADAPTADO A: - Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Sueños Contaminados. - Real Decreto 401/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de A

En este libro, auténtica obra de referencia en el ámbito jurídico relativo al medio ambiente, se tratan todas las técnicas jurídicas existentes para prevenir y reducir los daños ambientales.

Las leyes que regulan las evaluaciones de impacto ambiental y la autorización ambiental integrada imponen a los planes, programas, obras o instalaciones sujetos a las mismas un control previo dirigido a analizar y minimizar sus efectos negativos sobre el medio ambiente. Este libro pretende que, con un manejo sencillo, pueda disponerse de un analisis exhaustivo de estas tecnicas juridicas, a las que dedica tres grandes bloques tematicos: 1. Evaluacion de impacto ambiental de proyectos de obras y actividades. 2. Evaluacion de planes y programas con incidencia ambiental o evaluacion ambiental estrategica. 3. Autorizacion ambiental integrada. Cada una de estas tecnicas se aborda, con una finalidad didactica y practica, desde tres perspectivas: - En primer lugar, se acomete un estudio preliminar explicativo de cada una de ellas, en el que se analizan todos sus elementos y se abordan los problemas y dudas que suscita, con comentarios de las soluciones que ha aportado la jurisprudencia y propuestas doctrinales. - En segundo lugar, se recogen las normas reguladoras de cada tecnica, partiendo de la legislacion basica y anotando sus preceptos con notas jurisprudenciales y de Derecho comunitario, estatal y autonomico. - Y, por ultimo, la obra se cierra con la transcripcion de los parrafos con mayor relevancia de mas de cien sentencias del Tribunal de Justicia de la Union Europea, del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autonomas, con una valiosa labor de sistematizacion de las resoluciones judiciales por fechas y por contenidos.

En este libro se tratan todas las técnicas jurídicas existentes para prevenir y reducir los daños ambientales, como son: la evaluación del impacto ambiental y las autorizaciones administrativas, los nuevos instrumentos de incentivo como ecogestión y ecoauditoría, las medidas dirigidas a mejorar la participación y el acceso a la justicia de los ciudadanos y ONG en la protección del entorno, la planificación ecológica de los espacios protegidos o los instrumentos de represión de las conductas infractoras.

ADAPTADO A: — Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/ 2003, de 21 de noviembre, de Montes. — Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995

ADAPTADO A:— Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.— Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.— Acuerdo de

La presente obra forma parte de la colección de diccionarios jurídicos de la editorial Iustel, cuya filosofía es presentar en forma de voces un sector o rama del derecho con la pretensión de convertirse en un instrumento de consulta agil y a la vez riguroso tanto para el aplicador del derecho como para quien desee obtener informacion sobre uno o varios aspectos concretos del tema tratado.Con este diccionario se han pretendido analizar todas las cuestiones que plantea actualmente el derecho sancionador administrativo, tanto las generales (concepto de sancion, diferenciacion entre el ambito penal y el sancionador administrativo, principios generales y derechos fundamentales aplicables a la potestad sancionadora, discrecionalidad administrativa y desviacion de poder en la imposicion de sanciones, distribucion de competencias en la materia, derecho comparado europeo y analisis de la potestad sancionadora en la Union Europea y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, etc.) como las mas concretas (analisis de los distintos tipos de sanciones y de determinadas figuras afines, como, entre otras, la expropiacion-sancion o las multas coercitivas; especialidades en el ejercicio por los distintos entes publicos de la potestad sancionadora; inspeccion administrativa y potestad sancionadora; sustanciacion del procedimiento sancionador administrativo; ejecucion de las sanciones; recursos administrativos y judiciales; prescripcion y caducidad; medidas de reposicion e indemnizacion de los daños causados, etc.). Se ha abordado tambien el analisis de la potestad sancionadora en aquellos ambitos sectoriales de intervencion publica en los que las sanciones administrativas presentan especial singularidad o importancia, como el trafico y la seguridad vial, el medio ambiente, la defensa de la competencia, los tributos, el empleo publico, el urbanismo, el deporte y muchos otros.En el tratamiento de las distintas voces de esta obra se parte de la presentacion del estado de la cuestion en la normativa legal aplicable y en la jurisprudencia, con cita de las resoluciones mas relevantes. Los autores exponen tambien, cuando el tema tratado lo requiere, las opiniones doctrinales existentes y su propia posicion sobre los aspectos controvertidos o dudosos. Al final de cada voz se incluye una relacion de bibliografia que incluye no solo las obras utilizadas como fuentes por los autores, sino todas aquellas que se consideran utiles o relevantes para ulteriores profundizaciones en los temas expuestos. Del amplio elenco de voces tratadas y del rigor con que los autores acometen su desarrollo resulta, una obra que cumple mas que sobradamente con su objetivo de servir de guia en este vasto y proceloso oceano de las sanciones administrativas. Para facilitar la consulta se ha elaborado un indice alfabetico de voces, a modo de indice analitico, en el que se desglosan los conceptos tratados en las distintas voces.

En este libro se tratan todas las técnicas jurídicas existentes para prevenir y reducir los daños ambientales, como son: la evaluación del impacto ambiental y las autorizaciones administrativas, los nuevos instrumentos de incentivo como ecogestion y ecoauditoria, las medidas dirigidas a mejorar la participacion y el acceso a la justicia de los ciudadanos y ONG en la proteccion del entorno, la planificacion ecologica de los espacios protegidos o los instrumentos de represion de las conductas infractoras. Adaptado a: Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad Directrices comunitarias sobre ayudas estatales a favor del medio ambiente, publicadas en el DOUE 82/1, de 1 de abril de 2008 Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector publico Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccion de la atmosfera Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural Real Decreto 1370/2006, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Nacional de Asignacion de derechos de emision de gases de efecto invernadero, 2008-2012, modificado por el Real Decreto 1030/2007, de 20 de julio y por el Real Decreto 1402/2007, de 29 de octubre Real Decreto 1031/2007, de 20 de julio, por el que se desarrolla el marco de participacion en los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto Real Decreto 432/2008, de 12 de abril, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, por el que se aprueba la estructura organica basica de los departamentos ministeriales Real Decreto 1130/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura organica basica del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

Adaptado a: Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad Directrices comunitarias sobre ayudas estatales a favor del medio ambiente, publicadas en el DOUE 82/1, de 1 de abril de 2008 Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector publico Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccion de la atmosfera Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural Real Decreto 1370/2006, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Nacional de Asignacion de derechos de emision de gases de efecto invernadero, 2008-2012, modificado por el Real Decreto 1030/2007, de 20 de julio y por el Real Decreto 1402/2007, de 29 de octubre Real Decreto 1031/2007, de 20 de julio, por el que se desarrolla el marco de participacion en los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto Real Decreto 432/2008, de 12 de abril, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, por el que se aprueba la estructura organica basica de los departamentos ministeriales Real Decreto 1130/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura organica basica del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

Esta obra pretende servir como guía para adentrarse en el intrincado derecho para la protección del medio ambiente: aunque se trata de un ordenamiento reciente, que surge en la segunda mitad del siglo XX, su desarrollo ha sido espectacular y hoy es un sec

ADAPTADO A:— Reglamento (UE) 2020/852, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.— Estrategia Española de Economia Circular España Circular 2030, aprobada por el Consejo de Ministros de 2 de junio de 2020.— Comunicacion de la Comision Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aqui a 2030. Reintegrar la naturaleza en nuestras vidas, de 20 de mayo de 2020 [COM(2020), 380 final].— Comunicacion de la Comision El Pacto Verde Europeo, de 11 de diciembre de 2019 [COM(2019), 640 final].— Real Decreto 958/2018, de 27 de julio, por el que se crea y regula la Comision Interministerial para el Cambio Climatico y la Transicion Energetica.— Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura organica basica del Ministerio para la Transicion Ecologica y el Reto Demografico.— Real Decreto 452/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura organica basica del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.— Real Decreto 79/2019, de 22 de febrero, por el que se regula el informe de compatibilidad y se establecen los criterios de compatibilidad con las estrategias marinas.— Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental, la Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley de Montes, y la Ley 1/2005, por la que se regula el regimen de comercio de derechos de emision de gases de efecto invernadero.— Sentencias relevantes de los tribunales europeos y nacionales en materia de medio ambiente hasta agosto de 2020: Tribunal de Justicia de la Union Europea; Tribunal Europeo de Derechos Humanos; Tribunal Constitucional; Tribunal Supremo y demas organos judiciales.

ADAPTADO A: — Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. — Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. — Acuerdo de París, adoptado en la COP21 de la Convención Marco de Naciones Unidas contra sobre Cambio Climático celebrada en diciembre de 2015. — Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2015. — Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. — Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. — Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. — Real Decreto 183/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. — Sentencias relevantes de los tribunales europeos y nacionales en materia de medio ambiente hasta agosto de 2016: Tribunal de Justicia de la Unión Europea; Tribunal Europeo de Derechos Humanos; Tribunal Constitucional; Tribunal Supremo y demás órganos judiciales.

Adaptado a la Ley 16/2003, de 1 de julio de prevención y control integrados de la contaminación

Esta obra constituye un comentario sistemático y completo a la Ley del Ruido (Ley 37/2003, de 17 de noviembre), mediante la que se han establecido las bases de la normativa estatal para la lucha contra la contaminación acústica, que es uno de los problemas ambientales que más preocupan a los ciudadanos españoles. La Ley del Ruido, además de cumplir con las prescripciones de la Directiva comunitaria sobre evaluación y gestión del ruido ambiental de 2002 que traspone -previendo, mediante la aplicación de los indicadores de los niveles de ruido y de los métodos comunes de evaluación que establece la norma comunitaria, la elaboración de los denominados "mapas de ruido" que van a permitir disponer de información uniforme sobre contaminación acústica en todo el territorio de la Unión Europea-, introduce en nuestro país un sistema completo de lucha contra esta forma de contaminación, que parte de la zonificación de todo el territorio en distintas "áreas acústicas", en atención al uso predominante del suelo, y en la fijación para cada una de ellas de unos valores límite de emisión o inmisión y de unos objetivos de calidad acústica, cuyo incumplimiento determinará la adopción de los planes de acción y de las medidas correctoras que se consideren fundadas. La Ley del Ruido impone, además, la debida articulación entre las medidas que establece y la planificación territorial y urbanística. Además del comentario completo de la Ley del Ruido, esta obra contiene análisis específicos sobre determinados aspectos especialmente relevantes o complejos de su regulación, como es el caso de la distribución de competencias entre las distintas Administraciones públicas para el desarrollo y aplicación de la Ley, o de los ruidos vecinales y de la especial problemática que plantea su pretendida exclusión del ámbito de aplicación de Ley del Ruido. Se trata, en definitiva, de un libro imprescindible para la debida comprensión de todos los instrumentos y

La implantación de la Administración Electrónica «e-Government», mediante la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, a los servicios y a la actividad administrativa de todas las AAPP (Administración de la Unión Europea, General del Estado, Autonómica y Local), de forma fiable y segura, en las relaciones entre ellas y con los ciudadanos, con una disponibilidad de 24 horas los 365 días del año, implica no solo desarrollar servicios on-line sino redefinir conceptos, sistemas y políticas adecuadas a este nuevo entorno. Adoptando, además, las medidas normativas necesarias que coadyuven decididamente a este desarrollo. El reconocimiento del valor legal del documento electrónico, el expediente electrónico, las comunicaciones electrónicas, las notificaciones y registros telemáticos, la identificación y acreditación de la personalidad y de la voluntad de los ciudadanos con firma electrónica a través del DNI electrónico u otros certificados reconocidos, así como la garantía de procesos eficientes, eficaces, fiables, confidenciales y seguros configura una relación radicalmente distinta de la tradicional en la esfera jurídica pública y privada, que potencia un tratamiento jurídico nuevo en la Administración Electrónica. La e-Administración se enfrenta, asimismo, a la necesaria protección del administrado en este nuevo entorno mucho mas etéreo y frágil; al problema de la inclusión social; a la implantación real de la banda ancha; a la gestión de las identificaciones electrónicas; a la privacidad de los datos personales; al uso de tecnología amigable, segura, neutral e interoperable; al uso de especificaciones y estándares abiertos; etc. Todo ello, pensamos, con la esperanza puesta en un Documento Electrónico Abierto con formatos estándar, basado en un Trámite Único y en una Ventanilla Única Virtual, en unas Administraciones Públicas adaptadas al ciudadano, que impulse su eficacia y transparencia en la interre

En este libro se tratan todas las técnicas jurídicas existentes para prevenir y reducir los daños ambientales, como son: la evaluación del impacto ambiental y las autorizaciones administrativas, los nuevos instrumentos de incentivo como ecogestión y ecoauditoría, las medidas dirigidas a mejorar la participación y el acceso a la justicia de los ciudadanos y ONG en la protección del entorno, la planificación ecológica de los espacios protegidos o los instrumentos de represión de las conductas infractoras.