Juan Carlos Gavara de Cara

El presente trabajo tiene por objeto realizar un estudio de la autorregulación como mecanismo de control de los medios de comunicación, resaltando los efectos que ha supuesto la aprobación de la Ley General de Comunicacion Audiovisual (LGCA - Ley 7/2010, de 31 de marzo) para la materia, tanto desde un plano teorico como practico y tanto desde un plano interno en nuestro Estado como desde un plano comparado en los Estados de nuestro entorno mas inmediato.

La Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA) supone la introducción normativa de dos elementos relevantes: la regulación de los derechos del público y de los prestadores de servicios audiovisuales y la creacion del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA, implementado por primera vez una autoridad independiente del audiovisual a nivel estatal. Sin embargo, con el nuevo planteamiento presente en el proyecto de Ley de creacion de la Comision Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) estos dos elementos relevantes tienden a desaparecer y a convertir a una autoridad independiente, supervisora y reguladora en una autoridad integrada, multisectorial y meramente controladora. En el supuesto de la futura CNMC, la logica sera la inversa a la del modelo anglosajon, ya que desde el control del mercado y la competencia, desde el control tecnico se va a ejercer un control de contenidos para delimitar los derechos del publico, sin ningun grado de experiencia o de tradicion anterior. En este contexto se deberia tender a los modelos frances (CSA), italiano o aleman con diversas autoridades independientes centradas en el control de los contenidos desde distintos ambitos tematicos y territoriales, que se ajusta mejor al planteamiento europeo y a nuestra realidad institucional.

La regulación de derechos de los ciudadanos en los actos normativos reguladores de los entes descentralizados (Constituciones o Estatutos) en los Estados compuestos es un elemento que ha sido objeto de multiples reflexiones, pero se trata de una constante conectada al sistema de distribucion de competencias. La finalidad del trabajo ha sido realizar un estudio de dichos derechos en union de los distintos titulos competenciales que les sirven de soporte para su articulacion en dichos actos normativos creadores y reguladores de los entes descentralizados a partir de tres sistemas distintos (España. Italia y R. F. de Alemania), es decir, centrando el estudio en los distintos ambitos materiales que regulan dichos derechos y sus interrelaciones con las competencias que pertenecen y ejercen dichos entes. En este sentido, la idea central que se ha utilizado, ha sido tratar de determinar que los derechos denominados estatutarios, regionales o incluso los de los Lander no son concebidos en un sentido subjetivo, sino que su dependencia de unas reglas competenciales ocasiona que exclusivamente puedan analizarse como principios objetivos, requiriendo en todo caso un despliegue normativo y una implementacion por los poderes constituidos para que efectivamente puedan considerarse plenamente derechos subjetivos.

La autonomía universitaria es académica, científica, organizativa, financiera, contable para articular unas Universidades dotadas de personalidad jurídica con su propio ordenamiento constituido por los Estatutos y sus reglamentos y protocolos de actuacion. El Estatuto de la Universidad constituye la manifestacion mas importante de la autonomia universitaria, ya que se regula la propia organizacion y actividad y son objeto de deliberacion por el claustro universitario formado por componentes de los diversos grupos que constituyen la comunidad universitaria, convirtiendose en la fuente primaria de la autonomia normativa de cada Universidad. En el presente trabajo se ha analizado el recorrido jurisprudencial y comparado de este instituto para determinar las posibilidades actuales de su interpretacion. En nuestro caso, la autonomia universitaria seguramente se ha convertido en un mito, una adoracion que ha permitido su concrecion como un derecho fundamental, con un amplio contenido hipotetico, pero con pocas concreciones, limitando su titularidad a un sujeto colectivo, la comunidad universitaria, sin recorrido para los integrantes de dicha comunidad, pero que sufren los posibles excesos teoricos de un reconocimiento constitucional sin un contenido preciso y especifico.

En esta obra se ha partido de una idea esencial, que es posible deducir la existencia y el reconocimiento de un principio de neutralidad en la actividad pública en general en la Constitución Española a pesar de que expresamente no se reconoce. Frente a esta problematica se ha tratado de averiguar el alcance de su uso implicito, deducido de otros preceptos constitucionales, y la utilizacion realizada del principio de neutralidad por el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia. La exigencia de no beneficiar, ni perjudicar a ninguna opcion politica en la actividad publica, entroncaria directamente con la garantia del pluralismo politico, que exigiria una separacion de la actividad institucional y publica y de la accion partidista, de forma que la actividad de los poderes publicos debe ser tolerante con todas las opciones politicas o ideologicas, debiendose evitar que la accion partidista inunde la actividad institucional que debe permanecer en el ambito de la neutralidad politica entendido como un deber de lealtad constitucional

Este código de Editorial Aranzadi, ya en su edición decimonovena, recoge de forma ordenada las más fundamentales disposiciones que desarrollan la Constitución. La obra, preparada por Francesc de Carreras Serra y Juan Carlos Gavara de Cara, profesores de la Universidad Autonoma de Barcelona, incluye un total de 52 epigrafes en los que se recogen, de acuerdo con las diferentes materias, las principales normas de Derecho Constitucional. La estructura de su contenido es la siguiente: I. La Constitucion y el Tribunal Constitucional II. El ordenamiento juridico A) De las normas en general B) Leyes y las normas con rango de ley C) Tratados internacionales y el derecho comunitario D) Reglamentos y los actos administrativos E) Sentencias III. Participacion politica e instituciones generales del Estado A) Participacion politica: partidos y elecciones B) La Corona C) Las Cortes Generales D) El Gobierno y la Administracion Publica E) El Poder Judicial IV. Los derechos fundamentales A) Los tratados internacionales sobre derechos humanos B) Los derechos de los extranjeros C) Los derechos de libertad: la libertad ideologica, la libertad personal y la seguridad ciudadana y el derecho a la vida privada D) Los derechos de participacion: la libertad de expresion y los derechos politicos E) La suspension de los derechos fundamentales: los estados de alarma, excepcion y sitio V. La organizacion territorial A) La Union Europea B) Las comunidades autonomas El articulado de las normas, actualizado con las mas recientes modificaciones legislativas, aparece anotado y concordado con referencias a otras normas, a la jurisprudencia constitucional y a la bibliografia sobre la materia. Hay que destacar en esta ocasion como novedades las modificaciones legislativas del Reglamento del Senado, de la Ley de conflicto de intereses de miembros del Gobierno y de Altos Cargos de la Administracion General del Estado, de la Ley Organica de financiacion de las Comunidades autonomas y de la Ley reguladora del derecho de asilo. La edicion finaliza con un completo indice analitico, de todas las disposiciones estudiadas.

En materia de teoría general de derechos fundamentales en la Constitución Española, a diferencia de lo que sucede en la doctrina constitucional alemana, la categoría de los derechos de defensa (Abwehrrechte) no ha tenido un excesivo exito ni una utilizacion generalizada en nuestra doctrina y jurisprudencia. Nuestra doctrina e incluso la jurisprudencia ha preferido mantener la distincion de caracter material entre derechos de libertad y derechos sociales, antes de optar por descripciones de caracter prescriptivo como la planteada entre derechos de defensa y derechos de prescripcion. Los derechos de defensa se estructuran en torno a un contenido prescriptivo y una dependencia normativa interrelacionados con unos conceptos juridicos clave como son la libertad, el individuo, el fenomeno asociativo, las cualidades personales o la posicion juridica. Cada derecho fundamental es susceptible de ser caracterizado de forma independiente, autonoma y separada, pero las categorias juridicas que los interrelaciona con los derechos de defensa son precisamente el contenido prescriptivo y su diferente dependencia normativa. Juan Carlos Gavara de Cara. Catedratico de Derecho Constitucional en la Universidad Autonoma de Barcelona. Director de Centre dEstudis de Drets Humans UAB (https://cedh.uab.cat).

El presente trabajo se ha centrado en el análisis del control judicial y los parámetros utilizados por la jurisprudencia para resolver las colisiones entre derechos en materia de medios de comunicacion, tanto desde una perspectiva comparada como del propio ordenamiento juridico interno. Los actuales sistemas de control de los medios de comunicacion tienden a confluir, con interconexiones entre los diferentes mecanismos de ejercicio del control, que se pueden caracterizar como actividades de autorregulacion, corregulacion y de regulacion. La actividad de ponderacion judicial tiende a objetivizar los comportamientos, de forma que se puede decir que configuran parametros que funcionan como normas y que recaen sobre la responsabilidad de los medios para determinar la importancia del objeto o contenido de la informacion o el cumplimiento de un codigo etico de caracter profesional. La importancia creciente de los medios de comunicacion audiovisual implicara que se extienda los parametros combinados de control a los otros medios de comunicacion como la prensa escrita, que debera adoptar criterios de autorregulacion, corregulacion y de regulacion similares a los utilizados en la Ley General de Comunicacion Audiovisual y compatibles entre si.

En este trabajo se han analizado las razones que abundan a que el Estado debe ser neutral políticamente y que son numerosas, ya que se estructura una sociedad política pluralista, cuyo reconocimiento como principio y valor constitucional tiene como consecuencia la garantia de la igualdad en el ejercicio de los derechos de libertad, incluidos los de caracter politico, que deben posibilitar que no se perjudique la competencia politica, proteger los derechos de los participantes en la misma, garantizar la libertad en el proceso de formacion de la voluntad politica y de la opinion publica, asegurar la proteccion de los intereses generales e impedir la utilizacion de los recursos publicos por la autoridad publica para fines partidistas.

Las Universidades públicas, como centros de enseñanza, de docencia y de investigación, tienen la responsabilidad de transferir el compromiso con la igualdad, como principio informador y valor social,

La regulación de derechos de los ciudadanos en los actos normativos reguladores de los entes descentralizados (Constituciones o Estatutos) en los Estados compuestos es un elemento que ha sido objeto de multiples reflexiones, pero se trata de una constante conectada al sistema de distribucion de competencias. La finalidad del trabajo ha sido realizar un estudio de dichos derechos en union de los distintos titulos competenciales que les sirven de soporte para su articulacion en dichos actos normativos creadores y reguladores de los entes descentralizados a partir de tres sistemas distintos (España. Italia y R. F. de Alemania), es decir, centrando el estudio en los distintos ambitos materiales que regulan dichos derechos y sus interrelaciones con las competencias que pertenecen y ejercen dichos entes. En este sentido, la idea central que se ha utilizado, ha sido tratar de determinar que los derechos denominados estatutarios, regionales o incluso los de los Lander no son concebidos en un sentido subjetivo, sino que su dependencia de unas reglas competenciales ocasiona que exclusivamente puedan analizarse como principios objetivos, requiriendo en todo caso un despliegue normativo y una implementacion por los poderes constituidos para que efectivamente puedan considerarse plenamente derechos subjetivos.

La realidad del sistema universitario español es compleja, con todo la discusión pública se centra en el tema del Gobierno de la Universidad como principal eje en el que van a converger los problemas y las soluciones. No obstante, tras las numerosas reformas y cambios normativos se puede facilmente comprobar que no se han alcanzado los resultados pretendidos, las practicas no han sido adecuadas y los problemas permanecen sin que se prevea una solucion a corto plazo. Este trabajo trata de fijar las cuestiones relativas al Gobierno de la Universidad, tanto las actuales como las futuras, tratadas en nuestro contexto, analizando las propuestas de reforma, asi como la situacion en los principales Estados a nivel comparado para tratar de determinar unas conclusiones aplicables en nuestro sistema. Los recorridos y reglas que se siguen en todos los sistemas suelen ser similares, ya que el Gobierno de la Universidad puede ser mas profesionalizador o externo a la Comunidad Universitaria, o mas participativo e interno a dicha Comunidad si se opta por adoptar una perspectiva mas academica. Entre los dos extremos se situan muchas vias intermedias, pero la complejidad que encierran las actuales Universidades, sus sistemas de gobierno, la rendicion de cuentas no perfectamente estructurada, posibilitan que no hayan soluciones globales estructuradoras y funcionales para los Estados de nuestro contexto y para todos los sistemas universitarios. En este sentido, las reformas del Gobierno de las Universidades no deben adoptar perspectivas coyunturales, sino materiales, de fondo y pensadas para desarrollar su funcionalidad a largo plazo.

Este libro tiene por objeto el estudio del grado de homogeneidad de los regímenes electorales en los Estados compuestos y también analizar las causas de dicho fenómeno.

En este trabajo colectivo se analiza la necesidad y el alcance de un principio de neutralidad en el constitucionalismo, es decir, los ámbitos en los que se impide adoptar decisiones o realizar actividad que favorezca determinadas y concretas posiciones ideologicas u opciones politicas, es decir, actividad de tendencia en ambitos regidos por la idea de interes general o publico. La mayoria de las Constituciones se limitan a reconocer el principio de neutralidad como un principio de caracter implicito, por lo que se hace necesario determinar cuales son las ideas o los principios constitucionales que permiten derivar e integrar su contenido prescriptivo. La crisis de la democracia y el uso partidista de las instituciones implica que sean necesarios limites a movimientos y fuerzas politicas que proyectan una vision ideologica hegemonica en la sociedad. Las respuestas constitucionales y desde la Union Europea y la defensa de sus valores no constituyen tan solo un parametro que hay que respetar para formar parte de los Tratados y permanecer en la Union, sino que son tambien la esencia misma del principio de neutralidad.

En este trabajo se han analizado las razones que abundan a que el Estado debe ser neutral políticamente y que son numerosas, ya que se estructura una sociedad política pluralista, cuyo reconocimiento como principio y valor constitucional tiene como consecuencia la garantia de la igualdad en el ejercicio de los derechos de libertad, incluidos los de caracter politico, que deben posibilitar que no se perjudique la competencia politica, proteger los derechos de los participantes en la misma, garantizar la libertad en el proceso de formacion de la voluntad politica y de la opinion publica, asegurar la proteccion de los intereses generales e impedir la utilizacion de los recursos publicos por la autoridad publica para fines partidistas. Juan Carlos Gavara de Cara. Catedratico de Derecho Constitucional en la Universidad Autonoma de Barcelona. Josu de Miguel Barcena. Profesor Titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Cantabria

Constitución. Desarrollo, rasgos de identidad y valoración en el XXV aniversario (1978-2003), ofrece al lector un análisis y valoración de los principales temas desarrollados por la Constitución Española de 1978. Como es sabido a finales del pasado año se cumplieron los veinticinco años de la aprobacion y entrada en vigor de nuestra Constitucion. Este aniversario se ha conmemorado y se sigue conmemorando mediante numerosos congresos, seminarios y publicaciones, algunas de ellas ya publicadas y otras en preparacion. Dentro de los proyectos del area de Derecho constitucional de la Universidad Autonoma de Barcelona se decidio que la contribucion a las efemerides consistiria en la publicacion de un libro colectivo sobre el desarrollo de la Constitucion escrito por profesores de dicha area. En este sentido, se ha tratado de realizar trabajos que reflejaran los principales problemas del desarrollo constitucional, como es obvio no con la ambicion de solucionarlos sino, simplemente, de plantearlos en sus dimensiones basicas, estableciendo el estado de la cuestion en que se encuentran en la actualidad. Ello requeria, desde el punto de vista estructural, un tratamiento similar de cada uno de ellos, con pautas comunes a seguir para su realizacion. Adecuarse a estas pautas ha sido lo que ha permitido dar coherencia a esta publicacion. Desde el punto de vista del contenido, los trabajos se han centrado en tres grandes aspectos: a) la discusion constituyente; b) el desarrollo de cada institucion concreta; y c) sus posibles perspectivas de evolucion. El resultado final de los trabajos no ha consistido en un tratamiento sistematico de la materia  por otro lado, imposible en tan poco espacio  sino en reflejar y saber valorar los principales problemas de interpretacion y aplicacion que ha ocasionado la Constitucion, proponiendo, en su caso, posibles lineas generales de evolucion futura. En cualquier caso, conviene destacar que el analisis de la discusion con

Esta obra pretende dar un alcance teórico a la problemática del contenido y la función del término de comparación (tertium comparationis) en la aplicación del principio de igualdad, para tratar de obtener conclusiones que intenten explicar la diversidad de supuestos practicos a los que se somete aquel. La investigacion responde al analisis de un problema, que se centra en intentar establecer las razones por las cuales en unas ocasiones un Tribunal Constitucional permite articular un termino de comparacion y en otras no, a pesar de enfrentarse a un mismo supuesto factual de similares, equiparables y homogeneas caracteristicas. Para ello, este estudio se centra en los aspectos relevantes para la determinacion de la diferenciacion, es decir, en la articulacion del termino de comparacion, a pesar de que no siempre aparecen de forma clara la distincion entre determinacion y justificacion de la diferenciacion en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.