Juan Carlos Gavara de Cara

Si la sociedad de la comunicación global ha venido acompañada de promesas desmesuradas y de utopías todavía incumplidas, hoy día es obligatorio examinar y evaluar por qué ha sido así. Es ya un imperativo. No podemos, cuando la tecnica es tan decisiva en nuestras vidas, abandonarnos a una confianza ciega en la tecnologia, y tampoco la docilidad ante sus determinaciones puede seguir siendo nuestro comportamiento habitual. Se trataria, justamente, de lo contrario, de sustituir la confianza ciega por el espiritu critico, reflexivo y metodologicamente cientifico, por un lado, y la docilidad por la autonomia de accion. Necesitamos, por tanto, desarrollar una actitud consciente, capaz de sopesar los efectos positivos y negativos de los cambios y, sobre todo, capaz de inspirar nuevos desarrollos tecnicos y nuevos cursos de accion que se acomoden a las aspiraciones del ser humano.

El presente trabajo analiza la proyección interna de la dimensión objetiva de los derechos fundamentales. Con dicha finalidad se ha determinado los efectos internos de los derechos fundamentales y de los principios generales establecidos en el art. 10.1 CE en la interpretación del conjunto de los derechos fundamentales, resaltando la importancia del canon sistemático y del principio de unidad de la Constitución, así como la distinción entre la proyección externa y sus efectos propios (aplicación directa, obligación de protección, efecto de irradiación y efectos en las relaciones privadas) y la proyección interna a partir de los principios de dignidad humana, inviolabilidad de derechos, libre desarrollo de la personalidad y respeto de los derechos de los demás. El análisis realizado no pretende articular el significado completo de cada uno de estos principios, sino situar sus principales funciones en su contexto de aplicación práctica a partir de los casos concretos, tomando como referencia básica la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español.

Este libro tiene por objeto el estudio del grado de homogeneidad de los regímenes electorales en los Estados compuestos y también analizar las causas de dicho fenómeno.

La regulación de derechos de los ciudadanos en los actos normativos reguladores de los entes descentralizados (Constituciones o Estatutos) en los Estados compuestos es un elemento que ha sido objeto de multiples reflexiones, pero se trata de una constante conectada al sistema de distribucion de competencias. La finalidad del trabajo ha sido realizar un estudio de dichos derechos en union de los distintos titulos competenciales que les sirven de soporte para su articulacion en dichos actos normativos creadores y reguladores de los entes descentralizados a partir de tres sistemas distintos (España. Italia y R. F. de Alemania), es decir, centrando el estudio en los distintos ambitos materiales que regulan dichos derechos y sus interrelaciones con las competencias que pertenecen y ejercen dichos entes. En este sentido, la idea central que se ha utilizado, ha sido tratar de determinar que los derechos denominados estatutarios, regionales o incluso los de los Lander no son concebidos en un sentido subjetivo, sino que su dependencia de unas reglas competenciales ocasiona que exclusivamente puedan analizarse como principios objetivos, requiriendo en todo caso un despliegue normativo y una implementacion por los poderes constituidos para que efectivamente puedan considerarse plenamente derechos subjetivos.

La dimensión objetiva de los derechos sociales se configura como mandatos constitucionales articulados en obligaciones jurídicas objetivas, fundamentalmente para los poderes legislativos y ejecutivos, que permiten la deduccion posterior de derechos subjetivos. Este aspecto subjetivo se puede caracterizar por un efecto reflejo que posibilita eventualmente fundamentar demandas de defensa por inactividad, negligencia o reversibilidad de medidas publicas que infrinjan el mandato constitucional. La dimension objetiva de los derechos sociales implica deducir que estos constituyen fuentes potenciales de competencias publicas, tanto en el sentido tecnico de titulos competenciales con los que siempre se pueden interrelacionar, como de habilitacion a la intervencion publica y a la prestacion en favor de la sociedad en la materia. Los derechos sociales son inseparables de las competencias, es decir, del contenido objetivo interrelacionado hasta el punto que su dimension subjetiva depende de su intermediacion.

Este código de Editorial Aranzadi, ya en su edición decimonovena, recoge de forma ordenada las más fundamentales disposiciones que desarrollan la Constitución. La obra, preparada por Francesc de Carreras Serra y Juan Carlos Gavara de Cara, profesores de la Universidad Autonoma de Barcelona, incluye un total de 52 epigrafes en los que se recogen, de acuerdo con las diferentes materias, las principales normas de Derecho Constitucional. La estructura de su contenido es la siguiente: I. La Constitucion y el Tribunal Constitucional II. El ordenamiento juridico A) De las normas en general B) Leyes y las normas con rango de ley C) Tratados internacionales y el derecho comunitario D) Reglamentos y los actos administrativos E) Sentencias III. Participacion politica e instituciones generales del Estado A) Participacion politica: partidos y elecciones B) La Corona C) Las Cortes Generales D) El Gobierno y la Administracion Publica E) El Poder Judicial IV. Los derechos fundamentales A) Los tratados internacionales sobre derechos humanos B) Los derechos de los extranjeros C) Los derechos de libertad: la libertad ideologica, la libertad personal y la seguridad ciudadana y el derecho a la vida privada D) Los derechos de participacion: la libertad de expresion y los derechos politicos E) La suspension de los derechos fundamentales: los estados de alarma, excepcion y sitio V. La organizacion territorial A) La Union Europea B) Las comunidades autonomas El articulado de las normas, actualizado con las mas recientes modificaciones legislativas, aparece anotado y concordado con referencias a otras normas, a la jurisprudencia constitucional y a la bibliografia sobre la materia. Hay que destacar en esta ocasion como novedades las modificaciones legislativas del Reglamento del Senado, de la Ley de conflicto de intereses de miembros del Gobierno y de Altos Cargos de la Administracion General del Estado, de la Ley Organica de financiacion de las Comunidades autonomas y de la Ley reguladora del derecho de asilo. La edicion finaliza con un completo indice analitico, de todas las disposiciones estudiadas.

La Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA) supone la introducción normativa de dos elementos relevantes: la regulación de los derechos del público y de los prestadores de servicios audiovisuales y la creacion del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA, implementado por primera vez una autoridad independiente del audiovisual a nivel estatal. Sin embargo, con el nuevo planteamiento presente en el proyecto de Ley de creacion de la Comision Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) estos dos elementos relevantes tienden a desaparecer y a convertir a una autoridad independiente, supervisora y reguladora en una autoridad integrada, multisectorial y meramente controladora. En el supuesto de la futura CNMC, la logica sera la inversa a la del modelo anglosajon, ya que desde el control del mercado y la competencia, desde el control tecnico se va a ejercer un control de contenidos para delimitar los derechos del publico, sin ningun grado de experiencia o de tradicion anterior. En este contexto se deberia tender a los modelos frances (CSA), italiano o aleman con diversas autoridades independientes centradas en el control de los contenidos desde distintos ambitos tematicos y territoriales, que se ajusta mejor al planteamiento europeo y a nuestra realidad institucional.

El presente trabajo tiene por objeto realizar un estudio de la autorregulación como mecanismo de control de los medios de comunicación, resaltando los efectos que ha supuesto la aprobación de la Ley General de Comunicacion Audiovisual (LGCA - Ley 7/2010, de 31 de marzo) para la materia, tanto desde un plano teorico como practico y tanto desde un plano interno en nuestro Estado como desde un plano comparado en los Estados de nuestro entorno mas inmediato.

Una perspectiva de análisi jurídico de los medios de comunicación digitales, tanto a nivel interno como comparado, permite concluir que se plantean similares problemáticas en los diversos Estados, como pueden ser la de determinar si procede una identica proteccion constitucional y juridica a los medios tradicionales y a los cibermedios, la correccion juridica de medidas restrictivas como el cierre de paginas webs oblogs, la aplicacion de la proteccion de derechos de terceras personas como mecanismo de los juicios paralelos y el alcance del derehco de olvido.....

El presente trabajo se ha centrado en el análisis del control judicial y los parámetros utilizados por la jurisprudencia para resolver las colisiones entre derechos en materia de medios de comunicacion, tanto desde una perspectiva comparada como del propio ordenamiento juridico interno. Los actuales sistemas de control de los medios de comunicacion tienden a confluir, con interconexiones entre los diferentes mecanismos de ejercicio del control, que se pueden caracterizar como actividades de autorregulacion, corregulacion y de regulacion. La actividad de ponderacion judicial tiende a objetivizar los comportamientos, de forma que se puede decir que configuran parametros que funcionan como normas y que recaen sobre la responsabilidad de los medios para determinar la importancia del objeto o contenido de la informacion o el cumplimiento de un codigo etico de caracter profesional. La importancia creciente de los medios de comunicacion audiovisual implicara que se extienda los parametros combinados de control a los otros medios de comunicacion como la prensa escrita, que debera adoptar criterios de autorregulacion, corregulacion y de regulacion similares a los utilizados en la Ley General de Comunicacion Audiovisual y compatibles entre si.

En este trabajo se han analizado las razones que abundan a que el Estado debe ser neutral políticamente y que son numerosas, ya que se estructura una sociedad política pluralista, cuyo reconocimiento como principio y valor constitucional tiene como consecuencia la garantia de la igualdad en el ejercicio de los derechos de libertad, incluidos los de caracter politico, que deben posibilitar que no se perjudique la competencia politica, proteger los derechos de los participantes en la misma, garantizar la libertad en el proceso de formacion de la voluntad politica y de la opinion publica, asegurar la proteccion de los intereses generales e impedir la utilizacion de los recursos publicos por la autoridad publica para fines partidistas. Juan Carlos Gavara de Cara. Catedratico de Derecho Constitucional en la Universidad Autonoma de Barcelona. Josu de Miguel Barcena. Profesor Titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Cantabria

En materia de teoría general de derechos fundamentales en la Constitución Española, a diferencia de lo que sucede en la doctrina Constitucional alemana…..

En esta obra se ha partido de una idea esencial, que es posible deducir la existencia y el reconocimiento de un principio de neutralidad en la actividad pública en general en la Constitución Española a pesar de que expresamente no se reconoce. Frente a esta problematica se ha tratado de averiguar el alcance de su uso implicito, deducido de otros preceptos constitucionales, y la utilizacion realizada del principio de neutralidad por el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia. La exigencia de no beneficiar, ni perjudicar a ninguna opcion politica en la actividad publica, entroncaria directamente con la garantia del pluralismo politico, que exigiria una separacion de la actividad institucional y publica y de la accion partidista, de forma que la actividad de los poderes publicos debe ser tolerante con todas las opciones politicas o ideologicas, debiendose evitar que la accion partidista inunde la actividad institucional que debe permanecer en el ambito de la neutralidad politica entendido como un deber de lealtad constitucional

La autonomía universitaria es académica, científica, organizativa, financiera, contable para articular unas Universidades dotadas de personalidad jurídica con su propio ordenamiento constituido por los Estatutos y sus reglamentos y protocolos de actuacion. El Estatuto de la Universidad constituye la manifestacion mas importante de la autonomia universitaria, ya que se regula la propia organizacion y actividad y son objeto de deliberacion por el claustro universitario formado por componentes de los diversos grupos que constituyen la comunidad universitaria, convirtiendose en la fuente primaria de la autonomia normativa de cada Universidad. En el presente trabajo se ha analizado el recorrido jurisprudencial y comparado de este instituto para determinar las posibilidades actuales de su interpretacion. En nuestro caso, la autonomia universitaria seguramente se ha convertido en un mito, una adoracion que ha permitido su concrecion como un derecho fundamental, con un amplio contenido hipotetico, pero con pocas concreciones, limitando su titularidad a un sujeto colectivo, la comunidad universitaria, sin recorrido para los integrantes de dicha comunidad, pero que sufren los posibles excesos teoricos de un reconocimiento constitucional sin un contenido preciso y especifico.

La realidad del sistema universitario español es compleja, con todo la discusión pública se centra en el tema del Gobierno de la Universidad como principal eje en el que van a converger los problemas y las soluciones. No obstante, tras las numerosas reformas y cambios normativos se puede facilmente comprobar que no se han alcanzado los resultados pretendidos, las practicas no han sido adecuadas y los problemas permanecen sin que se prevea una solucion a corto plazo. Este trabajo trata de fijar las cuestiones relativas al Gobierno de la Universidad, tanto las actuales como las futuras, tratadas en nuestro contexto, analizando las propuestas de reforma, asi como la situacion en los principales Estados a nivel comparado para tratar de determinar unas conclusiones aplicables en nuestro sistema. Los recorridos y reglas que se siguen en todos los sistemas suelen ser similares, ya que el Gobierno de la Universidad puede ser mas profesionalizador o externo a la Comunidad Universitaria, o mas participativo e interno a dicha Comunidad si se opta por adoptar una perspectiva mas academica. Entre los dos extremos se situan muchas vias intermedias, pero la complejidad que encierran las actuales Universidades, sus sistemas de gobierno, la rendicion de cuentas no perfectamente estructurada, posibilitan que no hayan soluciones globales estructuradoras y funcionales para los Estados de nuestro contexto y para todos los sistemas universitarios. En este sentido, las reformas del Gobierno de las Universidades no deben adoptar perspectivas coyunturales, sino materiales, de fondo y pensadas para desarrollar su funcionalidad a largo plazo.

Las Universidades públicas, como centros de enseñanza, de docencia y de investigación, tienen la responsabilidad de transferir el compromiso con la igualdad, como principio informador y valor social,

Constitución. Desarrollo, rasgos de identidad y valoración en el XXV aniversario (1978-2003), ofrece al lector un análisis y valoración de los principales temas desarrollados por la Constitución Española de 1978. Como es sabido a finales del pasado año se cumplieron los veinticinco años de la aprobacion y entrada en vigor de nuestra Constitucion. Este aniversario se ha conmemorado y se sigue conmemorando mediante numerosos congresos, seminarios y publicaciones, algunas de ellas ya publicadas y otras en preparacion. Dentro de los proyectos del area de Derecho constitucional de la Universidad Autonoma de Barcelona se decidio que la contribucion a las efemerides consistiria en la publicacion de un libro colectivo sobre el desarrollo de la Constitucion escrito por profesores de dicha area. En este sentido, se ha tratado de realizar trabajos que reflejaran los principales problemas del desarrollo constitucional, como es obvio no con la ambicion de solucionarlos sino, simplemente, de plantearlos en sus dimensiones basicas, estableciendo el estado de la cuestion en que se encuentran en la actualidad. Ello requeria, desde el punto de vista estructural, un tratamiento similar de cada uno de ellos, con pautas comunes a seguir para su realizacion. Adecuarse a estas pautas ha sido lo que ha permitido dar coherencia a esta publicacion. Desde el punto de vista del contenido, los trabajos se han centrado en tres grandes aspectos: a) la discusion constituyente; b) el desarrollo de cada institucion concreta; y c) sus posibles perspectivas de evolucion. El resultado final de los trabajos no ha consistido en un tratamiento sistematico de la materia  por otro lado, imposible en tan poco espacio  sino en reflejar y saber valorar los principales problemas de interpretacion y aplicacion que ha ocasionado la Constitucion, proponiendo, en su caso, posibles lineas generales de evolucion futura. En cualquier caso, conviene destacar que el analisis de la discusion con