Francisco Javier García Gil

- Más de 1.000 voces y subvoces totalmente actualizadas, incluyendo las más novedosas. - Contempla desde aspectos organizativos, de personal, bienes, actividades, servicios, hasta contabilidad, contratacion, trafico, urbanismo, tributos, etc. - Acompañada de los criterios de jurisprudencia. - Utilisimo instrumento de consulta tanto para los Alcaldes y Concejales, como para los Secretarios, Interventores y personal de los distintos servicios municipales.

Obra eminentemente práctica que ofrece la normativa Estatal, de las CCAA, y municipal sobre la materia, comentada por el autor y acompañada de jurisprudencia del Tribunal Supremo, AN y T.S.J. de todas las CCAA, y que informa de manera completa sobre el tratamiento dado por los tribunales a la amplia casuistica sobre Licencias de Obras hasta la fecha Modelos de Formularios relativos a los distintos tipos de licencias y actuaciones administrativas. Casos Practicos que dan respuesta a los problemas que se suscitan con mayor frecuencia.

La suspensión de la ejecución de actos y disposiciones objeto de recurso contencioso- administrativo es, sin duda, la medida cautelar de más frecuente solicitud e incluso de habitual petición en determinadas materias, caso de la extranjeria (ordenes de expulsion) o de la tributaria. Parte del derecho a la tutela efectiva, la adopcion de medidas provisionales que permitan asegurar el resultado del proceso no debe contemplarse como una excepcion, sino como una facultad que el organo jurisdiccional puede ejercitar siempre que resulte necesario. En la primera parte de la obra, se analizan los caracteres de la medida de suspension; el momento y forma de la solicitud de la misma; los presupuestos para su adopcion, con particular referencia a los supuestos de inactividad de la Administracion y de via de hecho; la sustanciacion de la medida cautelar; la caucion o garantia; la ejecucion de la resolucion cautelar y la denegacion de la medida. La segunda parte, se dedica a los supuestos especificos de adopcion y de denegacion de la medida cautelar segun la jurisprudencia. Un completo Indice Analitico y numerosos formularios complementan esta publicacion, en la que norma, comentario y jurisprudencia se concitan para mayor utilidad del consultante. Contiene tarjeta USB con formularios.

El presente Código, preparado por F. Javier García Gil, ofrece una amplia recopilación de la normativa existente en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, anotada, concordada y puesta al dia. Recoge esta sexta edicion de la "Legislacion sobre Trafico, Circulacion y Seguridad Vial", como novedad mas importante, la reforma introducida en el Texto Articulado de la Ley sobre Trafico, Circulacion de Vehiculos a Motor y Seguridad Vial de 2 de marzo de 1990, por la Ley 17/2005, de 19 de julio, que regula el permiso y la licencia de conduccion por puntos. Elemento esencial del nuevo sistema lo constituyen los cursos de sensibilizacion y reeducacion vial, como cauce para lograr la modificacion de los comportamientos reiteradamente infractores, regulados por la Orden INT/2596/2005, de 28 de julio. Incorpora, ademas, el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulacion de vehiculos a motor. Una estudiada Introduccion, en la que se recoge la trayectoria normativa sobre la materia, y un nuevo epigrafe, en el que, bajo la rubrica "Otras disposiciones", se incluye el texto de la Ley 40/2002, de 14 de noviembre, reguladora del contrato de aparcamiento de vehiculos.

Redactado de forma asequible y de fácil comprensión, la obra se estructura en diez grandes apartados en los que se abordan prácticamente todos los aspectos relacionados con sus funciones.Obra práctica, que puede servir como instrumento de trabajo a los agentes y que tambien puede contribuir a su formacion.La Obra y su contenido :Obra practica, que puede servir como instrumento de trabajo a los agentes y que tambien puede contribuir a su formacion.

Completo estudio del documento más importante del contrato de seguro la póliza en que por lo general se otorga y en el que se concretan las condiciones, generales y particulares, que rigen la relación jurídica de él derivada. Su estudio es, pues, el aspecto nuclear de la obra, construida, fundamentalmente, sobre los criterios de los Tribunales de Justicia, quienes, en definitiva sin desdeñar las aportaciones de la doctrina dan la respuesta a las controversias entre los legitimados para acudir a ellos. En la obra se analiza también el contrato de seguro en su totalidad, conforme al diseño de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, y disposiciones que la complementan: su concepto y caracterización jurídica; sus elementos personales; los distintos ramos del seguro; sus efectos jurídicos, etc., dedicándose un epígrafe íntegramente a la mediación en el seguro, regulada, básicamente, por la Ley 26/2006, de 17 de julio. La póliza del seguro es objeto de consideración en la segunda parte del libro, y se examina su carácter jurídico; clases; redacción; contenido, con particular referencia a las condiciones generales que a ella se incorporan y a las mencionadas cláusulas limitativas de los derechos del asegurado y de delimitación del riesgo, que tantos problemas suscitan en la práctica; modificación e interpretación. La parte tercera se dedica a los aspectos procesales del seguro: jurisdicción, competencia territorial y cauces procesales para las reclamaciones (juicios monitorio, ordinario o verbal). Además de las resoluciones jurisdiccionales cuya cita se integra en el comentario a la norma, el autor incorpora, por lo general, a continuación del mismo un apartado que recoge, casuísticamente, el criterio sustentado por los Tribunales. Para mayor utilidad, se recogen también (en el apartado «Formularios») modelos de pólizas de seguros (los más frecuentes) utilizadas por diversas compañías aseguradoras. Finalmente, el Índice analítico facilita la rápida y cómoda localización de voces y conceptos.

En el Boletín Oficial del Estado núm. 318, de 31 de diciembre de 2010, se publica la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, con entrada en vigor el día 2 de enero de 2011, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, disposición modificada que entró en vigor el día 1 de enero de 2006, excepto determinadas normas en materia de infracciones y sanciones, que lo hicieron el mismo día de su publicación en el periódico oficial. La que se ha denominado vulgarmente «Ley antitabaco», por su carácter indudablemente muy restrictivo, particularmente en cuanto al consumo de productos del tabaco se refiere, no es, por tanto, una Ley de nueva planta, sino de modificación de otra anterior, cuyo ámbito no se reduce al aspecto que ha provocado mayor polémica la prohibición de fumar en lugares públicos, pues contiene también medidas en relación con su venta o suministro, publicidad, prevención del tabaquismo, etc., con el ambicioso propósito de potenciar la deshabituación del tabaco y erradicar a medio y largo plazo el hábito de fumar.

La parca regulación del proceso, monitorio, incorporado a nuestro Ordenamiento por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, pero de honda raigambre en otros países, contrasta #quizás por ello# con la amplia problematica que suscita en la practica este cauce procesal, elegido por el legislador para dispensar proteccion rapida y eficaz al credito dinerario liquido de muchos justiciables, en especial, de profesionales y empresarios medianos y pequeños, por mas que su cuantia se haya elevado considerablemente, pasando de cinco millones el maximo a doscientos cincuenta mil euros en la reforma introducida en el texto procesal por la Ley 13/2009, de reforma de la legislacion procesal para la implantacion de la nueva Oficina Judicial. La obra se estructura en dos partes: en la primera se analizan, entre otras cuestiones, los caracteres y principios del proceso monitorio; su objeto, es decir, las deudas cuyo pago puede reclamarse a traves del mismo, los requisitos que han de reunir y su documentacion justificativa; la peticion inicial, su admision y el requerimiento de pago; el despacho de la ejecucion; la oposicion del deudor; la conexion entre el monitorio y los procesos declarativos, etc., dedicandose especifica atencion al procedimiento de reclamacion del pago de gastos comunes o generales en el regimen de propiedad horizontal. La segunda parte incorpora numerosas resoluciones jurisdiccionales, cuidadosamente seleccionadas, en las que se recogen los criterios de los Tribunales en relacion con los numerosos problemas que el monitorio plantea y sus soluciones, no siempre homogeneas