José Garberí Llobregat

Dispón del texto actualizado a las últimas reformas (R.D.L. 9/2017, de 26 de mayo), acompañado de útiles comentarios de cada institución, requisito o trámite, así como de algunas de las más significativas decisiones jurisprudenciales recaidas sobre las materias analizadas.

La presente edición de "Los Procesos Civiles", sustancialmente ampliada y actualizada, contiene el comentario doctrinal de todos y cada uno de los preceptos de la LEC, tal y como los mismos han quedado redactados tras las recientes reformas legislativas tendentes a la implantacion de la nueva Oficina Judicial (leyes organica 1/2009 y ordinaria 13/2009), que acaban de entrar en vigor. Dicho comentario es sistematico y eminentemente practico, pues en el se abordan sobre todo los problemas que la aplicacion de las distintas normas reguladoras del proceso civil suelen ocasionar a diario en la practica forense. Para ello es imprescindible saber que han dicho al respecto nuestros tribunales, razon por la cual la obra incorpora una exhaustiva seleccion, ordenada por temas y cronologicamente, de la jurisprudencia emanada de las Audiencias Provinciales y de la Sala 1ª del Tribunal Supremo (a la que se accede de manera muy comoda y sencilla a traves de la web de la editorial). A los comentarios doctrinales practicos y a la seleccion jurisprudencial se acompañan una abundante serie de formularios de las principales actuaciones de parte, en los que el lector encontrara una util guia para confeccionar sus propios escritos. La obra esta dirigida y coordinada por el Catedratico de Derecho Procesal, Abogado y ex- Letrado del Tribunal Constitucional, Jose Garberi Llobregat, autor de numerosas publicaciones en la materia, y tambien participan en ella los Magistrados y Profesores Jose Mª Torres Fernandez de Sevilla y Luis Casero Linares.

La presente obra analiza de manera exhaustiva la doctrina jurisprudencial emitida por el Tribunal Constitucional en la interpretación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, proclamado en el art. 24.1 de la Constitucion. Como es bien sabido, gracias a dicha jurisprudencia se entienden incluidos en el citado precepto no solo el derecho de acceso a los organos judiciales por parte de los ciudadanos que invoquen la lesion de sus derechos o intereses legitimos, sino tambien otros muchos derechos fundamentales, tales como el derecho a obtener una resolucion de fondo, motivada, fundada en derecho y congruente, el derecho a utilizar los medios de impugnacion, el derecho a la ejecucion de las resoluciones judiciales firmes y el derecho a la cosa juzgada, asi como el trascendental derecho a no sufrir indefension. El comentario acerca de los contenidos y caracteres esenciales de cada uno de dichos derechos fundamentales los encontrara el lector en este libro, acompañados, ademas, de una relacion ordenada y sistematizada de la jurisprudencia constitucional mas relevante vertida en relacion con todos ellos, los encontrara el lector en este libro, expuestos desde un punto de vista eminentemente practico (no en vano el autor, Catedratico de Derecho Procesal, ha sido tambien Letrado del Tribunal Constitucional) que pueda resultar util a los profesionales del Derecho que en el desarrollo de un proceso, en la interposicion de algun medio de impugnacion, o directamente al tener que presentar una demanda de amparo, deban fundamentar la lesion de este importantisimo derecho fundamental

Cada vez resultan más frecuentes en la práctica de nuestros tribunales los procesos donde no se discute una única cuestión o conflicto, sino varios de ellos, y en los que generalmente aparecen implicados, bien una pluralidad de demandantes, o bien una pluralidad de demandados, dando así lugar a fenómenos de "acumulación de acciones" que permiten tramitar en un único proceso, y resolver en una única sentencia, una serie plural de litigios. Por eso se hace hoy imprescindible conocer con certeza cuáles son los presupuestos que predeterminan la admisibilidad de dicha acumulación, tanto los materiales (la compatibilidad de las pretensiones en la acumulación objetiva, la existencia de un nexo por razón del título o causa de pedir en la subjetiva), cuanto los procesales (jurisdicción, competencia, adecuación del procedimiento), así como también su tratamiento procesal (el régimen de formulación de las pretensiones acumuladas, el control de su regularidad de oficio y a instancia de parte...). La presente obra, integrante de la novedosa colección "Práctica Jurídica", aborda con una intención eminentemente práctica la regulación de la "acumulación de acciones" en la Ley de Enjuiciamiento Civil, examinando su régimen jurídico desde todas las perspectivas que precisa conocer el profesional del Derecho. Así, junto a un inicial comentario doctrinal introductorio, donde se da cuenta de los aspectos esenciales de dicha regulación, encontrará el lector esquemas sobre la tramitación de la misma en el juicio ordinario y en el juicio verbal, con sus correspondientes formularios, y con una serie de casos prácticos donde se examinan las cuestiones más problemáticas que suelen surgir en la práctica forense, para acabar con una selección de la normativa legal aplicable. Cabe destacar que la obra incorpora también una útil y exhaustiva selección de la jurisprudencia dictada, tanto por el Tribunal Supremo como, fundamentalmente, por las Audiencias Provinciales, sobre los preceptos que r

Acmopaña CD-ROM. La presente obra aborda la totalidad del régimen jurídico de los diversos medios probatorios contemplados en la Ley de Enjuiciamiento Civil, a saber: el interrogatorio de las partes, la prueba documental, pericial, testifical y de reconocimiento judicial, la prueba de reproducción de sonidos e imágenes, así como también el análisis de las presunciones. Aquí encontrará el lector un estudio detallado de los aspectos jurídicos de dichos medios de prueba, con especial atención al procedimiento a seguir en cada uno de ellos y a la valoración que judicialmente han de merecer los mismos. Como corresponde a la Colección Práctica Jurídica, las diferentes cuestiones abordadas se analizan desde una perspectiva eminentemente práctica, citándose en cada caso los pronunciamientos jurisprudenciales que avalan las afirmaciones realizadas. Para ello, junto al inicial comentario de los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil que regulan dichas materias, se añade una minuciosa selección de jurisprudencia, ordenada y sistematizada, así como también una serie de casos prácticos donde se resuelven cuestiones de las que suelen surgir a diario en la práctica forense. La obra, finalmente, también incorpora una serie de útiles formularios.

Acompaña CD-ROM. El "blanqueo de capitales" es un estudio totalizador, en el que se abordan tanto los aspectos penales, como los administrativos, financieros y mercantiles. Se trata de una obra rigurosa y sistemática, fruto de un profundo análisis de la normativa, de una nutrida jurisprudencia y doctrina, sin olvidar los informes de los distintos organismos relacionados con la prevención y represión del blanqueo. Se analizan además, pormenorizadamente, temas sin los cuales no puede entenderse el blanqueo: los paraísos fiscales, la hawala, el intercambio de información, los organismos que luchan contra este fenómeno, etc. Incluye también una amplia bibliografía y una relación de las direcciones web consultadas, junto con un análisis de las reformas legislativas apuntadas por el Gobierno de España. En definitiva, una importante herramienta, tanto para el profesional, como para quien simplemente desee saber lo que es, realmente, el blanqueo de capitales.

La delimitación de la jurisdicción y de la competencia de los Juzgados y Tribunales Civiles se ha tornado en los últimos tiempos más compleja que nunca. En efecto, en lo que a la jurisdicción respecta, a las clásicas dificultades de determinación de su marco genérico de atribuciones, dada la imprecisión de la cláusula negativa o residual con que lo configura la Ley Orgánica del Poder Judicial, se suman ahora la dificultosa convivencia entre un sistema procesal civil que tan sólo contempla la declinatoria como procedimiento de denuncia a instancia de parte de la falta de jurisdicción, y el sistema de la Ley de Conflictos Jurisdiccionales y de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial, que sigue contemplando la inhibitoria como incidente adecuado a estos mismos fines. Del lado de la competencia judicial, los problemas de determinación del órgano del orden civil objetivamente competente se han multiplicado enormemente tras la implantación de los Juzgados de lo Mercantil y de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, que además se sitúan orgánicamente en el mismo plano jerárquico que los Juzgados de Primera Instancia. Y en el marco de la concreción de la competencia territorial también aparecen no pocos conflictos derivados de la cada vez más creciente amplitud del catálogo de fueros imperativos o no dispositivos. De la totalidad de dicha problemática, y desde una visión eminentemente práctica, se ocupa la presente obra, la cual, junto a la exposición comentada y sistematizada de la normativa aplicable sobre jurisdicción y competencia en el orden civil, introduce también una serie de anexos de jurisprudencia que facilitarán la comprensión del estado en que se encuentra la práctica de nuestros tribunales en torno a cada una de las cuestiones abordadas. Finalmente, la obra incorpora un amplio catálogo de formularios representativos de las diferentes modalidades de escritos de declinatoria que pueden oponerse para evidenciar la carencia de dichos esenciales presupuestos procesales.

Este libro contiene: Régimen jurídico y procedimiento administrativo común. Régimen jurídico de la administración general del estado. Procedimientos de responsabilidad patrimonial. Procedimientos sancionadores. Procedimiento administrativo de ejecucion.

La presente obra contiene, concordadas, actualizadas a fecha 1 de septiembre de 1997, y profusamente anotadas con la más significativa jurisprudencia de T. Constitucional y la de la Sala de lo Militar del T.S., el C. Penal Militar de 1985, asi como las Leyes Organicas de Regimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil,, como legislacion basica. Igualmente incluye las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas y algunas Ordenes Ministeriales complementarias. Se incorpora un exhaustivo indice analitico.

Como es sabido, La regulación de Los principios informadores de La Potestad Sancionadora de Las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Sancionador se ha modificado por completo tras La reciente entrada en vigor (en concreto, el día 2 de octubre de 2016) de Las Leyes 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de Las Administraciones Públicas, y 40/2015, del Régimen Jurídico del Sector Público. Pues bien, La presente obra Lleva a cabo por vez primera un completo y actualizado análisis de La totalidad de Los trámites del nuevo procedimiento administrativo sancionador, así como de Las diferentes cuestiones que en La práctica plantea La comisión y represión de Las infracciones administrativas, tanto desde La óptica material (con la aplicación de principios tales como Los de Legalidad, tipicidad o responsabilidad del infractor), cuanto desde La procedimental (con La aplicación de principios tales como el de proporcionalidad, la prohibición de bis in idem, La prescripción, o Los derechos fundamentales del presunto infractor a la presunción de inocencia, a la defensa, a La prueba, etc ... ). También se acompañan útiles formularios con Las principales actuaciones de parte en el procedimiento administrativo sancionador.

Qué duda cabe de que los juicios verbales de desahucio, sobre todo los derivados de la falta de pago de la renta arrendaticia, son unos de los procesos civiles más frecuentemente utilizados en la práctica forense. Ello es debido, sobre todo, a que en el desarrollo de la relacion arrendaticia no es inusual, en absoluto, que se produzcan esta clase de conflictos donde se posibilita la resolucion judicial del vinculo contractual entre arrendador y arrendatario. estos juicios, ademas, estan plagados de especialidades procedimentales que afectan a aspectos tales como los contenidos de la demanda, el requerimiento de pago al arrendatario moroso, la posibilidad de enervar la accion o, en fin, los pronunciamientos de la sentencia que declara el desahucio y sus efectos de cosa juzgada.Pues bien, la regulacion procesal y material del desahucio viene siendo objeto de numerosas reformas legislativas en los ultimos años, como las llevadas a cabo por las leyes 13/2009 (de reforma de la Oficina Judicial), 19/2009 (de fomento y agilizacion procesal de alquiler), 37/2011 (de medidas de agilizacion procesal), 4/2013 (de medidas de flexibilizacion y fomento del mercado del alquiler de viviendas), 42/2015 (que modifica la estructura procedimental de los juicios verbales, generalizando la demanda ordinaria y la contestacion a la demanda por escrito), y 5/2018, de 11 de junio (que regulo el novedoso juicio verbal de recuperacion de viviendas ocupadas ilegalmente -el conocido como desahucio "anti-okupas"). A todas se suma ahora la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, a la que se dedica una especial atencion en esta obra, y que introduce, ademas de diversas reformas en la LAU, modificaciones procesales tales como las relativas a los contenidos de la demanda, a los presupuestos procesales (en particular, al sometimiento a una conciliacion o intermediacion previa al proceso), a las informaciones que han de dirigirse al demandado y a las Administraciones publicas en determinados casos, o a determinados aspectos de la ejecucion y el lanzamiento. Por ultimo, tambien se incorporan las modificaciones introducidas por el R.D. Ley 5/2023, de 28 de junio.

Qué duda cabe de que los juicios verbales de desahucio, sobre todo los derivados de la falta de pago de la renta arrendaticia, son unos de los procesos civiles más frecuentemente utilizados en la práctica forense. Ello es debido, sobre todo, a que en el desarrollo de la relacion arrendaticia no es inusual, en absoluto, que se produzcan esta clase de conflictos donde se posibilita la resolucion judicial del vinculo contractual entre arrendador y arrendatario. estos juicios, ademas, estan plagados de especialidades procedimentales que afectan a aspectos tales como los contenidos de la demanda, el requerimiento de pago al arrendatario moroso, la posibilidad de enervar la accion o, en fin, los diversos pronunciamientos de la sentencia que declara el desahucio y los efectos de cosa juzgada que surten de la misma.Pues bien, la regulacion procesal y material del desahucio viene siendo objeto de numerosas reformas legislativas en los ultimos años, como las llevadas a cabo por las leyes 13/2009 (de reforma de la Oficina Judicial), 19/2009 (de fomento y agilizacion procesal de alquiler), 37/2011 (de medidas de agilizacion procesal), 4/2013 (de medidas de flexibilizacion y fomento del mercado del alquiler de viviendas) y las 42/2015 (que modifica la estructura procedimental de los juicios verbales, generalizando la demanda ordinaria y la contestacion a la demanda por escrito).A todas ellas se une ahora la propiciada por la reciente Ley 5/2018, de 11 de junio, que recibe una especial atencion en esta obra, y que regula las especialidades procedimentales que han de rodear al nuevo juicio verbal de recuperacion de viviendas ocupadas ilegalmente, el cual, aunque configurado formalmente por el legislador como una suerte de interdicto de recobrar, es con toda evidencia un verdadero juicio de desahucio dirigido frente al los llamados ''okupas''.

Las diligencias preliminares constituyen un muy útil instrumento en manos de quien pretende promover un proceso civil, en todos aquellos casos, muy frecuentes en la práctica, en los que se desconoce algún dato necesario para fundamentar la demanda; o bien se desconoce exactamente a quién demandar, o bien se precisa un historial clínico al que no se ha podido tener acceso, o bien se duda si el demandado tiene o no suscrito algún seguro que cubra su responsabilidad civil, o bien se precisan documentos societarios o contables cuya exhibición han denegado los responsables, o, en fin, se necesita conocer de la existencia y contenido de algún documento de índole hereditaria... En estos supuestos, y en muchos otros, las diligencias preliminares constituyen el único cauce para acceder a esa información que evite que el proceso se frustre por no haberse podido someter a la autoridad judicial la totalidad de los extremos relevantes del litigio. Diligencias que, además, en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil han sido extraordinariamente potenciadas, al arbitrarse un conjunto de medidas coercitivas (por ejemplo, la entrada y resgitro en lugares a la búsqueda de documentos) y sancionadoras (por ejemplo, la ficta confessio), que aseguren el éxito de las mismas. La presente obra, que continúa con la nueva colección "Práctica Jurídica", aborda con esta intención eminentemente práctica el análisis de la totalidad de dichas diligencias preiminares, así como su régimen jurídico procesal, desde todas las perspectivas que precisa tener en cuenta el profesional del Derecho. Así, junto a un inicial comentario doctrinal introductorio, donde se da cuenta de los aspectos esenciales de regulación, encontrará el lector esquemas sobre la tramitación de las mismas, y los formularios de los principales trámites escritos en que se desarrollan las tales diligencias, así como también una serie de casos prácticos donde se examinan las cuestiones más problemáticas que suelen surgir en la práctica forense, y, por último, una sintética selección de la normativa leg

Incluye la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, como norma básica. Concordada y anotada con la jurisprudencia del T.C., del T.S. y de los T.S.J. También incorpora los preceptos de la L.O. del Régimen Electoral General y de la Ley de Bases de Régimen Local reguladores, respectivamente, del "Recurso Contencioso-electoral" y de las especialidades en materia de impugnación de actos de las Administraciones Locales. Índices sistemáticos y analítico y tablas de equivalencias entre los preceptos de la Ley de 1998 y los de la derogada Ley de 1956.