Jose María Campos Daroca

La extinción de la relación de servicio de los empleados públicos es un aspecto esencial del derecho fundamental de acceso a las funciones y cargos públicos en condiciones de igualdad reconocido en el articulo 23.2 de la Constitucion Española. En la presente monografia se examinan en detalle las causas de extincion de los dos tipos de relaciones que comprende el empleo publico español: la relacion funcionarial y la laboral, sin que sea posible realizar una exposicion unitaria. El Estatuto Basico del Empleado Publico contiene una regulacion uniforme en cuanto a los procedimientos de acceso al empleo publico; sin embargo, respecto a la extincion unicamente establece las peculiaridades que afectan a los funcionarios publicos. Para abordar la extincion de la relacion de servicio del personal laboral se debera acudir a la regulacion general del Estatuto de los Trabajadores, que solo en contadas ocasiones, como en el caso del despido colectivo, atiende a la especificidad de la relacion de empleo publico. En definitiva, existe una grave disfuncion en el modelo español de empleo publico. La pretendida figura unitaria del empleado publico no se manifiesta en un aspecto tan relevante como es la extincion de la relacion, dejando al personal laboral en una situacion sensiblemente peor que la del funcionario, aun cuando las exigencias y procedimientos de acceso son muy similares. La presente monografia, ademas de analizar en profundidad la normativa vigente, hace un profundo repaso de la jurisprudencia, apuntando las lineas jurisprudenciales que han venido configurando el regimen juridico de la extincion de la relacion de servicios.

El régimen jurídico del empleo público en España, prestando especial atención a la regulación de la temporalidad en el ámbito de las relaciones laborales de empleo público (Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reduccion de la temporalidad). El regimen juridico del empleo publico en España, prestando especial atencion a la regulacion de la temporalidad en el ambito de las relaciones laborales de empleo publico. Si la Ley 20/2021 va a permitir la convocatoria de concursos de meritos para el acceso a la condicion de fijo en la Administracion, no puede obviarse a importancia de este regimen especifico para el acceso al empleo publico.

Planteamiento general. Visión de conjunto del régimen de revisión administrativa de los actos de gestión tributaria de las entidades locales. Impugnación de los actos de gestión tributaria. Recurso de reposicion y reclamacion economico -administrativa. Procedimientos especiales derevision. Impugnacion de los actos de gestion del Estado. Gestion catastral (IBI) y gestion censal (IAE). Impugnacion de las ordenanzas fiscales. Relacion de recursos economicos de las entidades locales.

Este trabajo examina distintos aspectos de la relación laboral de empleo público estrechamente relacionados, como son la extinción de la relación laboral, la contratación temporal y los puestos de trabajo susceptibles de ser ocupados por personal laboral. La aprobación del Estatuto Básico del Empleo Público por la Ley 7/2007, de 12 de abril, no ha resuelto en modo alguno cuestiones muy discutidas en el empleo laboral de las Administraciones Públicas que ha producido, y así seguirá siendo, una gran litigiosidad. La extinción de las relaciones laborales indefinidas, la figura del contrato interino, el periodo de prueba, el fraude en la contratación laboral, cesión ilegal de trabajadores, etc. La misma figura del empleado público laboral indefinido, construcción jurisprudencial, asumida ahora en el EBEP pero sin regulación alguna, era una excelente ocasión para al menos intentar resolver los problemas derivados de tal indefinición.

El justiprecio ha sido y será una de las cuestiones más conflictivas del Derecho Administrativo. Viene a sintetizar el choque entre los intereses públicos y privados de forma paradigmática, con la particularidad de que las reglas del juego las fija la propia Administración, no solo por la vía normativa-reglamentaria sino también por los órganos encargados de determinar el interés público. La voluntad de los autores no es otra que la de ofrecer instrumentos de defensa frente a la actuación de los órganos de valoración. Esta obra ofrece al lector un doble valor añadido. En primer término, porque desde el abordaje de los conceptos generales de la expropiación forzosa, afronta el estudio de la valoración de los bienes y derechos afectados, incidiendo en la legislación sectorial y con un tratamiento tributario del justiprecio que singulariza notablemente la edición que el lector tiene en sus manos. En segundo lugar, por el carácter eminentemente práctico y cercano a la realidad de la cuestión objeto de análisis. Ayudar a los operadores jurídicos en este ámbito -valoraciones y cuestiones adyacentes- es, en definitiva, el objetivo fundamental de la obra, así como intentar responder a cuestiones tan diversas como: vinculación de la hoja de aprecio, fecha de valoración, razón del justiprecio y tratamiento fiscal, presunción de acierto del jurado, prueba insuficiente para destruir la presunción de acierto del jurado, método de comparación, valoración por el método objetivo, sistemas generales, valoración en suelo urbano, expectativas urbanísticas, expropiación parcial y división de la finca, ocupación temporal, premio de afección, cálculo de intereses, responsabilidad por retraso en la fijación del justiprecio, retasación, desistimiento en la expropiación, derecho de reversión, declaración de urgencia, la expropiación sui géneris de la Ley de Costas, etc.

Analiza la Directiva 1999/70/CE y el Acuerdo marco mediante un estudio trasversal de la normativa sobre la premisa de dos cuestiones centrales: la prohibición del trato desfavorable para el trabajo de duracion y prohibicion de abuso en la contratacion temporal sucesiva. Para ayudar a clarificar la cuestion, esta obra tambien aporta una exposicion detallada de las sentencias mas significativas que estan cuestionando el regimen juridico de los empleados publicos con relacion temporal, tanto laboral como administrativa.

Esta monografía lleva a cabo un análisis de la inactividad de la Administración pública y los medios de reacción que el ordenamiento jurídico pone a disposición de los interesados. Tan importante es poder recurrir la actuacion administrativa como su omision. Los afectados por tal situacion no soportan la no comparecencia de la Administracion sino que su cuestionamiento, tanto en via administrativa como jurisdiccional, resulta en si misma problematica. A lo largo del libro se intentan dar pautas de accion que soslayen la incertidumbre que el silencio de la Administracion traslada a los afectados. Para ello se tiene muy en cuenta la jurisprudencia de los tribunales y se hace un examen de la regulacion general del procedimiento administrativo, sin dejar de hacer mencion a ciertas especialidades sectoriales, como puede ser la expropiacion forzosa, el empleo publico, la contratacion publica, etc. Todo ello desde se aborda desde una perspectiva practica y prestando especial atencion a las distintas soluciones que se pueden encontrar tanto en el ordenamiento juridico como en su aplicacion jurisdiccional.

Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, transcurridos casi treinta años desde la entrada en vigor de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Regimen Local (LBRL), tras una veintena de modificaciones, y, sobre todo, despues de la reforma del articulo 135 de la Constitucion española y la aprobacion de la Ley Organica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera hacia necesario someter a una revision profunda el conjunto de disposiciones relativas al completo estatuto juridico de la Administracion local. La presente monografia pretende examinar el alcance de la profunda modificacion acometida en el ambito del regimen local español. La Ley 27/2013, en el marco de una discusion de gran calado y sujeta ya a varios recursos de inconstitucionalidad, ha sido cuestionada en sus lineas basicas y tachada como una traba para la autonomia local. Sin embargo, dicha reforma es defendida tambien como un instrumento para adecuar el funcionamiento de los Entes locales a las exigencias derivadas del articulo 135 de la Constitucion Española, asi como una garantia para el funcionamiento mismo de los servicios publicos locales.

Desde el año 2007 el empleo público español viene siendo objeto de atención por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en especial por lo que se refiere al abuso en la contratación temporal. Esta obra pretende ofrecer una exposicion detallada de las sentencias mas significativas que estan cuestionando el regimen juridico de los empleados publicos con relacion temporal, tanto laboral como administrativa. Para ello se lleva a cabo un comentario de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre trabajo de duracion determinada. Esta Directiva, con muchos años de vigencia, es el texto normativo que se viene empleando por el TJUE y por los organos jurisdiccionales europeos para resolver las situaciones de abuso en la contratacion temporal asi como las regulaciones discriminatorias para el trabajo de duracion determinada. Puede decirse que hay, desde hace tiempo, una doctrina estable del TJUE sobre los problemas derivados del trabajo temporal en el empleo publico. Pero es ahora, en una situacion de crisis, reduccion del gasto y de las ofertas de empleo publico, cuando los problemas del empleo publico temporal se vienen manifestando con mas intensidad. Esta obra clarifica el estado de la cuestion con una atencion a las sentencias del TJUE sobre la citada Directiva y Acuerdo Marco.

Analiza el régimen jurídico de la actuación administrativa, tanto si la revisión se produce a instancias de la propia Administración Pública autora del acto como a través de un particular mediante la interposicion de un recurso administrativo.

El régimen jurídico del empleo público en España, prestando especial atención a la regulación de la temporalidad en el ámbito de las relaciones laborales de empleo público (Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reduccion de la temporalidad).